miércoles, 24 de diciembre de 2008

Inmigrantes colombianos estafados con contratos de trabajo falsos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red especializada en el favorecimiento de la inmigración ilegal. Ofertaba contratos de trabajo ficticios a través de Internet y se publicitaba en revistas y emisoras de radio. Se estima que podría haber más de 3.000 afectados, en su mayoría de nacionalidad colombiana. La operación se ha culminado con siete detenidos, también de origen colombiano, entre los que se encuentra el máximo responsable de la organización. Se han practicado un total de cuatro registros, dos domicilios particulares y dos empresas, una de ellas domiciliada en Barcelona y la otra en Valencia. Los detenidos venían realizando esta actividad desde hacía más de seis meses y habían obtenido unos cuantiosos beneficios económicos, de más de un millón de euros.
La investigación se inició a finales de marzo por parte de agentes de la UCRIF de Barcelona en colaboración con la UCRIF de Valencia tras la denuncia de un ciudadano colombiano en la Comisaría de Jaca (Huesca) en la que alertaba de la existencia de una página web en Internet, donde se ofrecía regularizar en España a ciudadanos, principalmente colombianos. A raíz de dicha información, los agentes iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes. El "modus operandi" de la organización consistía en captar a personas de nacionalidad colombiana interesadas en venir a España para residir y trabajar de forma legal.
Esta organización se publicitaba a través de una página web, en emisoras de radio en España y en revistas editadas en España pero distribuidas entre ciudadanos de diferentes países iberoamericanos, mayoritariamente. A las personas que se ponían en contacto con esta organización se les solicitaba que realizaran un ingreso que oscilaba entre 20 y 40 euros, en una cuenta bancaria, como pago de gastos de inscripción por cada familiar o conocido extranjero que estuviera en su país de origen y quisiera emigrar a España.
Posteriormente, miembros de la organización contactaban con el afectado, informándole que se le había conseguido una oferta laboral y para iniciar los trámites por parte de la empresa, el trabajador tendría que aportar la documentación e ingresar en una cuenta bancaria la cantidad de 200 euros en un plazo máximo de cuatro días. Más tarde la empresa le comunicaba a la víctima que, si la administración resolviera de forma favorable la oferta de empleo, tendrían que efectuar un pago que oscilaba entre 1.600 y 2.000 euros, bien en efectivo o bien ingresándolo en una cuenta bancaria de la empresa.
Finalmente, las víctimas ante la demora de los trámites, solicitaban información a la empresa sobre las gestiones que habían realizado, y ésta les contestaba con negativas e informaciones falsas.

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