jueves, 25 de agosto de 2016

Gobierno y Farc le ponen fin a 52 años de guerra - Ahora nos toca decidir a los colombianos

LA HABANA, 24 de agosto_ RAM_
Las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba) anunciaron hoy el cierre formal de las negociaciones que se venían adelantando desde el 2012 y que terminaron con acuerdos en 6 puntos principales.
Terminó la expectativa. Luego de casi cuatro años de que se hiciera oficial la noticia de los acercamientos del Gobierno y las Farc (el 26 de agosto de 2012) y que dieron paso a los diálogos formales de paz, este miércoles el país y el mundo reciben una noticia histórica: se cierran las negociaciones y así se les pone fin a 52 años de guerra.

El anuncio oficial se inició a las 6 de la tarde y se da luego del llamado ‘cónclave’ en el que las delegaciones de paz se concentraron (desde el 16 de agosto) para definir detalles en el acuerdo final, que será firmado en un evento que tendrá lugar en Colombia. Así se había anunciado en junio pasado, cuando el Gobierno y las Farc acordaron el fin del conflicto, en el que se definieron temas como la concentración de la guerrilla en 23 zonas y en ocho campamentos.

El encargado de abrir la conferencia que da por terminada las negociaciones de paz entre Gobierno y Farc fue Rodolfo Benítez, garante de Cuba en la mesa de diálogos, quien señaló que la terminación de la confrontación armada significará el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto.
Subrayó, además, que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza.

Por otro lado, el garante de Noruega en los diálogos, Dag Nylander, señaló los seis acuedos pactados en La Habana entre el Gobierno y Farc.
El primer punto reveló el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.




Nylander también explicó que se va a concertar un gran “Acuerdo Político Nacional” encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.

Además, manifestó que en cuanto a los mecanismos de implementación y verificación se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno y de las Farc con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento”.

Este mecanismo crea, adicionalmente, un método de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.

El anuncio del cierre con éxito de las negociaciones en La Habana es histórico, pues desde 1983 el país había fracasado en tres intentos de buscar la paz por vía negociada. El primero fue en el gobierno de Belisario Betancur, entre el 83 y 87; luego en el gobierno de César Gaviria, en un acercamiento que se realizó en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala, y el último fue en el gobierno de Andrés Pastrana, en la zona de distención en el Caguán, entre 1999 y el 2002.

Comunicado Conjunto

Las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba) anunciaron hoy el cierre formal de las negociaciones que se venían adelantando desde el 2012 y que terminaron con acuerdos en 6 puntos principales.

Según lo anunciado por los jefes negociadores se lograron acuerdos en materia de Política de desarrollo agrario integral, Participación política, Fin del conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas e Implementación, verificación y refrendación.

El garante de Cuba para los diálogos de paz, Rodolfo Benítez, señaló durante el acto de cierre de las negociaciones con las Farc que se ha logrado un acuerdo final y definitivo, que pondrá fin a un conflicto armado de más de 50 años.

“El presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949”.

Benítez sostuvo además que “décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto”.

Indicó por tanto que “para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades y, en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz”.

Este es el texto del comunicado conjunto

La Habana, Cuba, 24 de agosto de 2016

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Preámbulo

Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012.

Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países garantes.

Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes.

Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado.

Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz.

Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía.

Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos.

Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar.

Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI.

Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.

Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza.

Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles.

Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes, de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea.

Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”.

Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar acuerdos de paz.

El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado:

Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna.

El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno.

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.

En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política.

Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo.

El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial.

El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.

La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.

Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz.

Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.

El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.

El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera.

Preguntas y Respuestas sobre el proceso con las Farc

1. ¿Qué busca el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil -en lo político, lo económico y lo social?

El proceso de reincorporación busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general a la vida civil.

2. ¿Cuándo nace exactamente el nuevo partido o movimiento político que surja de las FARC? ¿Participarán en política durante el proceso de dejación de armas?

El nuevo partido sólo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exije la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes.

La personería así reconocida se conservará de conformidad con las reglas aplicables a los demás partidos y la perderán si incurren en las faltas previstas en la ley tales como estimular la formación de asociaciones ilegales, utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral, entre otras. Sin embargo, durante el período de transición, no se exigirán los requisitos relacionados con obtener votos en elecciones de Congreso y acreditar un determinado número de afiliados.

Mientras estén en armas, los integrantes de las FARC no podrán participar en política.

3. ¿Qué condiciones y requisitos deberán cumplir las FARC para hacer su tránsito de una organización armada a un partido o movimiento político?

Como condición fundamental para poderse transformar de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado la totalidad de las armas. De igual manera, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley, excepto el haber obtenido un número determinado de votos en elecciones de Congreso.

4. ¿Se le asignarán curules en Senado y Cámara al partido político conformado por integrantes de las FARC? ¿Cómo? ¿Cuántas?

No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de 5 Senadores y 5 Representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso sólo se asignarán las que faltaren para completar 5 curules, de tal manera que cuando la lista obtengan 5 o más, no se asignará ninguna adicional.

5. ¿Cómo serán las vocerías en Senado y Cámara de Representantes del nuevo movimiento que surja de las FARC?

Se trata de ciudadanos en ejercicio, es decir personas que no tienen suspendida la ciudadanía como consecuencia de condena penal o sanción disciplinaria, y que no se encuentren en armas.

Los voceros serán designados por la agrupación política con el objeto de que participen, exclusivamente, durante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016, en los debates que se surtan en el Congreso de la República, pudiendo intervenir con las mismas facultades que tienen los Congresistas, excepto el voto.

6. ¿Qué medidas de reincorporación económica y social tendrán los integrantes de las FARC?

Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los ex combatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con:

(i) atención a los derechos de cada ex combatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros

(ii) apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad

(iii) Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías Sociales del Común (ECOMÚN)

7. ¿Qué tipo de seguimiento hará el Gobierno Nacional para asegurar que los integrantes de las FARC cumplan con las condiciones de reincorporación y no vuelvan a delinquir?

Se creará el Consejo Nacional de Reincorporación que será una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, la cual tiene como uno de sus objetivos realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC. De igual forma, se crearán Consejos Territoriales de la Reincorporación que tendrán a su cargo, entre otras funciones, realizar el seguimiento a la reincorporación a nivel territorial.

8. ¿Cómo se hará seguimiento a la implementación del Acuerdo Final?

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres de las FARC EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal.

La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social.

Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos.

No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados.

9. ¿Cómo se verificará que se cumpla con la implementación?

Para hacerle seguimiento a la implementación de los Acuerdos, acordamos crear un Mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional y cuyo propósito es comprobar su estado y avances, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación.

El mecanismo de verificación estará compuesto por:
- Dos notables: serán dos (2) personas de representatividad internacional, elegidas una por parte del Gobierno Nacional y otra por las FARC
- Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de cada uno de los países garantes y acompañantes (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile)
- Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances.

Asimismo, las partes solicitarán a las Naciones Unidas una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva.

Esta misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la Misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Las partes consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario.

10. ¿Cómo será el acompañamiento internacional a la implementación de los Acuerdos?

El acompañamiento internacional se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El Gobierno Nacional y las FARC acordaron que se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implemetación de cada uno de los puntos.

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