Los controladores aéreos se acogen a su derecho a no declarar

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Los doce controladores aéreos citados a declarar esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid, en calidad de denunciados por no haberse presentado a su puesto de trabajo o haberlo abandonado entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado, se han acogido a su derecho a no declarar. Mientras, el fiscal general del Estado, Cádido Conde-Pumpido, ha anunciado que solicitará 8 años de prisión por un delito de sedición.


Así lo ha informado en una multitudinaria rueda de prensa el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, Eduardo Esteban, quien ha explicado que los 26 controladores citados para hoy, mañana y el próximo lunes fueron identificados por la Policía el viernes pasado por haber abandonado su lugar de trabajo y reunirse en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas. Los doce controladores, representados por distintos abogados, han alegado ante el Ministerio Público que se pensarán declarar cuando sean citados por el juez competente porque entienden que dada "la militarización y el estado de alarma no sería competente la jurisdicción ordinaria sino la militar", según ha relatado el fiscal provincia, quien les ha insistido en que la competente es la jurisdicción ordinaria, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados esta mañana eran los producidos entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Si todos los citados siguen sin testificar, la Fiscalía seguirá su investigación sobre el caos aéreo, especialmente con la Policía, para poder saber lo que ocurrió realmente. Hasta el momento, la Fiscalía no ha denunciado a los controladores, aunque sí tiene constancia de que algunos afectados lo han hecho ante un Juzgado que, , en caso de admitirse a trámite, "cambiaría el estado de las cosas" porque el Ministerio Público no podría seguir "una investigación paralela" a la de un juez. Citados unos cien Un centenar de controladores aéreos debía comenzar a declarar a partir de hoy, jueves, ante la Fiscalía Provincial de Madrid, acusados del delito de sedición por el abandono de sus puestos de trabajo el pasado viernes, alegando falta de condiciones psicofísicas para el desempeño del cargo, según fuentes jurídicas. Mientras, la Fiscalía de Málaga ha abierto una investigación para determinar delitos penales. El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, pide no criminalizarles aunque sean los únicos culpables. El Ministerio Público acordó el pasado sábado citar a declarar a todos aquellos controladores que abandonaron sus puestos de trabajo o que no se incorporaron para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos del delito de sedición previsto en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964. El Ministerio Público señala que la finalidad es averiguar "las causas del abandono, dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado". A la vista del resultado de las diligencias que se han acordado, la Fiscalía de Madrid ha adelantado que adoptará las medidas que estime procedentes con el rigor y la proporcionalidad adecuados a las conductas desplegadas y al gran número de ciudadanos perjudicados en sus derechos. Una vez decretado el Estado de Alarma, los controladores pasan a ser movilizados, por lo que podrían haber incurrido en un delito de "sedición" previsto en el Código Penal Militar, en su artículo 91. Determinarán el abandono del servicio La Fiscalía de Málaga ha incoado diligencias de investigación penal para averiguar si en el centro y torre de control del Aeropuerto de Málaga hubo abandono de servicio por parte de los controladores el pasado viernes o en días sucesivos; según lo ha asegurado el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales. Morales ha destacado que realizarán las pertinentes investigaciones y que remitirán un oficio a la directora de Navegación Aérea para poder determinar si en Málaga algún trabajador participó en el plante que habían iniciado sus compañeros de Canarias, Baleares y Madrid alegando malestar y enfermedades que derivó en el cierre del espacio aéreo español. Asimismo, en caso afirmativo, la Fiscalía ha solicitado una relación de los controladores para poder depurar responsabilidades si las hubiese. Desde la Fiscalía de Málaga entienden que si hubo controladores que participaron en el paro, éstos podrían haber incurrido en un delito que se encuadra en el artículo 409 del Código Penal. En dicho artículo se recoge que aquella autoridad o funcionario que promueva, dirija u organice el abandono colectivo e ilegal de un servicio público debe ser castigado con multa de ocho a doce meses de sueldo y suspensión de empleo o cargo público de entre seis meses a dos años. En el mismo título, hay un segundo apartado, en el que también se castiga a los que participan en el abandono colectivo de un servicio público esencial y con grave perjuicio para éste o de la comunidad con penas de ocho a doce meses de multa. Responsables, no criminales El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, pide no criminalizar al colectivo de controladores aéreos, tras la huelga del fin de semana, aunque ha señalado que son "exclusiva y únicamente" los culpables del caos creado en todos los aeropuertos españoles. Al mismo tiempo, ha calificado la actitud del Gobierno de "impecable, ejemplar y digna de aplaudir". Bono ha señalado la necesidad de que cada controlador responda de su actitud y "no de la que ha tenido" su compañero, subrayando la importancia de ser "estrictamente rigurosos" con aquellas conductas que tengan relevancia penal o administrativa sancionable. "Habrá personas muy razonables dentro de ese colectivo y habrá personas dignas de ser escuchadas e, incluso, habrá personas coaccionadas moralmente", ha indicado. Por ello, el presidente del Congreso ha instado a no criminalizar al colectivo aunque, eso sí, ni por ese motivo se va a "excluir ni una brizna de responsabilidad de quien la tenga, sea o no dirigente". En este sentido, Bono ha aseverado que los "pulsos" al Estado los deben "perder siempre" los que los echan, "ya sean civiles, militares, de derechas o de izquierdas", al tiempo que ha recalcado la "aplicación escrupulosa" de la legalidad que debe hacer el Gobierno. "El Gobierno está muy tranquilo porque cuenta con el apoyo de la sociedad. Quienes han sido inoportunos, quienes han elegido el momento que más daño podría hacer cerca de un puente, no ha sido el Gobierno sino que han sido los controladores. El Ejecutivo como cualquier médico atiende la situación de enfermedad cuando ésta se presenta", ha concluido el presidente de la Cámara Baja. QUE SABEMOS DE LOS CONTROLADORES AEREOS COLOMBIANOS ??